El comité científico binacional compuesto por expertos argentinos y uruguayos para acordar un proyecto técnico de plan de monitoreo del río Uruguay no ha conseguido ponerse de acuerdo dentro del plazo establecido por los Presidentes. Ahora los dos países, sensatamente, han acordado darle un plazo adicional de diez días para superar las diferencias de opinión.
El desacuerdo más importante se debe a la pretensión argentina de que se instalen en la planta de UPM sensores que midan los parámetros de impacto ambiental las 24 horas y los 365 días del año. Es decir, establecer un sistema de monitoreo permanente y solamente en la planta de celulosa en territorio uruguayo.
Esta propuesta viola lo pactado. En dos sentidos: se trata de establecer un sistema de control permanente, cuando lo que se pactó fueron controles mensuales; y ese régimen se aplicaría solamente a la planta de Botnia, mientras que lo que se acordó fue un monitoreo para todo el Río Uruguay. Los uruguayos sostienen que esa demanda excede lo estipulado en el acuerdo de los dos presidentes. Tienen toda la razón.
Dejando de lado el espinoso tema de cuál es la naturaleza jurídica del acuerdo entre los dos presidentes, son indudables dos cosas. Primero, los dos países tienen la obligación de cumplir lo pactado estrictamente y de buena fe. Pero, segundo, el principio general continúa siendo el de soberanía territorial exclusiva. Por lo tanto, hay que cumplir lo pactado, pero nada más. Ese tipo de demandas adicionales son completamente inaceptables.
El problema es bastante serio. Pero se agrava más por los "twitterismos" del Canciller argentino que aportan poco, o nada, a clarificar los temas y mucho a crispar los ánimos y complicar las negociaciones.
El País Digital
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